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COLUMNA DE OPINIÓN: NO+AFP: de la protesta a la propuesta

El gobierno de la Nueva Mayoría (ex Concertación) prometió enviar en los próximos días un nuevo proyecto de Ley para reformar el sistema de pensiones. Consistiría en aumentar en un 5% la cotización con cargo al empleador en un período de tiempo (5-10 años), pasando de 10 a 15%. Este 5% extra sería administrado por una entidad pública autónoma, generando una dosis (mínima) de solidaridad en el sistema contributivo y sería un complemento a la pensión solidaria asistencial a cargo del Estado para “aliviar” la extrema pobreza en el adulto mayor. Esta propuesta mantiene, con algunas regulaciones, el negocio de las AFP ya que el actual 10% de cotización de los trabajadores y el fondo de pensiones acumulado (US$ 180.000 millones) sigue en manos de las mismas empresas privadas con fines de lucro, alimentando el mercado de capitales, generando financiamiento barato para los grandes grupos económicos vinculados internacionalmente al sistema financiero especulativo.

Por otra parte, el inversionista y candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, propone mantener y reforzar el negocio de las AFP a través de la capitalización individual, el aporte gradual del empleador sólo en 4% y la ideología neoliberal que promueve los valores individualistas y egoístas donde la consigna es “el ahorro es personal y las cuentas de los trabajadores son propiedad privada”. También propone aumentar el gasto público, mejorando las pensiones en varias décadas más, sin resolver el problema de suficiencia que tiene el actual sistema diseñado en la dictadura cívico-militar por su hermano José Piñera.

Ambas propuestas mantienen el negocio de las AFP, sin mejorar significativamente las pensiones en el corto plazo. Tampoco responderían a la urgencia social que implica condenar a la pobreza a miles de adultos mayores en Chile. Ambas coaliciones políticas, que han mantenido y administrado el poder en las últimas décadas, se siguen mostrando indiferentes e indolentes ante el sufrimiento humano y social de pensionados. Se muestran indiferentes frente a la angustia de millones de trabajadores que verán disminuida sus condiciones materiales de existencia en los próximos años, por un sistema injusto, inhumano, individualista en extremo y diseñado para ser un negocio muy lucrativo para los dueños de las AFP y los grandes grupos económicos, el 1% que concentra el 30% de la riqueza que se genera en el país.

Como Frente Amplio adherimos a la propuesta de la Coordinadora No + AFP que consiste en un moderno sistema previsional público, solidario y tripartito, de reparto, con aportes entre trabajadores, empleadores y Estado, con reserva técnica para dar sustentabilidad financiera, administrado por una entidad pública autónoma, con un comité ético de inversiones, y que puede garantizar pensiones decentes a las grandes mayorías.

Nuestra propuesta reconoce y respeta la propiedad de los fondos acumulados bajo el concepto de cuentas nocionales. Además, traspasa dichos fondos acumulados y las nuevas cotizaciones a una entidad pública autónoma, moderna y transparente que le de confianza a los propietarios del fondo de pensiones, liberándonos de las AFP como administradores privados que lucran con nuestros fondos previsionales.

También proponemos que las actuales pensiones asistenciales y solidarias a cargo del Estado (PBS-APS) se conviertan en una pensión de ciudadanía universal equivalente al salario mínimo legal. Es una pensión no contributiva, es decir, independiente de los años cotizados y busca reconocer la dignidad de la persona humana y el derecho a una vida estable y segura en esta etapa de la vida, simplemente por el hecho de ser ciudadanos. Esto implica un gasto público responsable que Chile ya realiza actualmente (4% del PIB), y lo aumentaremos gradualmente hasta llegar en el año 2075 al promedio del gasto público en pensiones que actualmente tienen los países OCDE (7% del PIB) y en el año 2100 llegará al 9%.

Mantendremos un 1% del PIB como gasto público permanente destinado a las pensiones de las FFAA, Carabineros y Gendarmería, lo cual garantiza pensiones decentes para los uniformados pero en el mismo sistema que la población civil y sin permitir arbitrariedades ni abusos como hemos visto en el último tiempo con los indignantes “jubilazos”. Nuestros supuestos macroeconómicos son conservadores en términos de crecimiento económico, empleo, salarios, inflación, demografía y rentabilidad del fondo de reserva técnico.

El fondo de reserva técnico se genera con el superávit de ingresos respecto a gastos en el sistema. Los ingresos del sistema están dados por las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, que se proyectan en partes iguales al año 2024, de manera gradual, 9% cada uno. Además, está el aporte del Estado con un 0,6% del PIB, y parte con una base de US$ 9.400 millones que tiene actualmente el Fondo de Reserva de Pensiones. La finalidad principal es asegurar el cumplimiento de las obligaciones previsionales del sistema en el largo plazo (estimaciones al año 2100) y en el evento de periodos de estrés financiero, y del previsible impacto del envejecimiento de la población. Este Fondo se invertirá con el objeto de generar rentabilidad social, con inversiones a una tasa de rentabilidad del 2,5% anual.

El fondo de pensiones se invertirá con orientación al desarrollo nacional y tendrá un comité ético de inversiones para considerar variables sociales, ambientales y económicas, no como lo hacen las AFP actualmente que sólo se basan en la variable financiera y con lógica especulativa en muchos casos. También proponemos que los trabajadores de las empresas que reciben financiamiento del fondo de pensiones puedan elegir democráticamente miembros en el directorio en proporción al volumen de las inversiones. Esto ayudará a democratizar en parte las empresas, y se podrá ejercer supervisión de la gestión sostenible de las empresas considerando variables económicas, sociales, laborales y ambientales.

Por último, esta propuesta incorpora un mecanismo de equidad de género para que el sistema de pensiones no reproduzca las desigualdades de género que se generan en el mercado de trabajo y en la sociedad en general, con el doble rol de las mujeres en trabajo reproductivo y doméstico no remunerado. Se añaden 5 años de cotización a las mujeres para el cálculo de la pensión, lo cual es un mecanismo de solidaridad inter género y de reconocimiento a los derechos de las mujeres.

Nuestra propuesta es seria, sostenible, garantiza pensiones decentes, con una base en el salario mínimo legal y con un máximo según años de cotización, lo cual genera un incentivo al ahorro, garantiza tasas de reemplazo (beneficios definidos) según promedio de los últimos 10 años de trabajo remunerado, crea una nueva, moderna y transparente institucionalidad pública para la Seguridad Social, con participación de los trabajadores y jubilados, con legitimidad ciudadana, y pone fin a las AFP por la vía democrática. El Frente Amplio es la única fuerza política que propone superar esta herencia neoliberal de la dictadura, y es capaz de mejorar significativamente las pensiones hoy no en 20 años más. Nuestros adultos mayores que reciben pensiones de miseria no pueden seguir esperando.

Juan I. Latorre

Candidato a Senador

Revolución Democrática- Frente Amplio

V región

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